EL DEBER DEMOCRÁTICO DE CONSULTAR AL PUEBLO
Por Alex Flórez Hernández
Bogotá, 15 de junio de 2025
En una democracia auténtica, la voluntad popular no puede ser un recurso ornamental ni un instrumento que se activa únicamente cuando conviene a las élites. Debe ser el corazón del sistema político. Esa es precisamente la apuesta del presidente Gustavo Petro al convocar una consulta popular sobre los derechos laborales de los colombianos: que el pueblo decida sobre aquello que lo afecta directamente. No hay en ello ruptura institucional alguna, sino todo lo contrario: hay respeto por el pueblo soberano, compromiso con el Estado de Derecho y una decisión valiente de devolverle al ciudadano común el lugar que le corresponde en la democracia.
Muchos han querido imponer un relato perverso: que el decreto de convocatoria expedido por el presidente es un acto arbitrario, un irrespeto al Congreso y una amenaza a la separación de poderes. Pero esa narrativa no resiste el más mínimo análisis constitucional. La verdad —la que los sectores más reaccionarios pretenden ocultar— es que el presidente, en cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico, remitió el decreto a la Corte Constitucional para que esta decida si la consulta se ajusta a los parámetros que la Carta Política exige. Eso no es un gesto menor. Es una demostración de respeto profundo por las instituciones y de compromiso con el cauce democrático.
Como lo expresó recientemente en un discurso en Cali, el presidente ha dejado claro que acatará lo que la Corte decida. Ese es el punto que muchos prefieren ignorar: aquí no se está desconociendo la Constitución, se está cumpliendo. El artículo 103 de nuestra Carta establece que la participación del pueblo en ejercicio de su soberanía puede darse también mediante mecanismos como la consulta popular. Y el artículo 378 señala que corresponde al presidente convocarla, una vez aprobada por el Senado. Lo que hoy tenemos es un debate legítimo sobre los alcances de esa disposición, sobre todo cuando la decisión del Senado estuvo cargada de vicios de procedimiento y de fondo, con una votación opaca que ha sido duramente cuestionada.
No se puede hablar de separación de poderes solo cuando se trata de frenar reformas sociales. Si de verdad creemos en un sistema de pesos y contrapesos, entonces debemos reconocer también el papel del presidente como jefe de Estado, como garante de los derechos sociales y como primer servidor del mandato popular que lo eligió con más de once millones de votos para transformar este país. Gobernar con el pueblo no es una consigna vacía: es una obligación moral y constitucional.
¿Acaso no es legítimo que los trabajadores puedan decidir sobre sus condiciones de estabilidad, dignidad y justicia laboral? ¿Acaso no es razonable que, ante el cierre de los canales legislativos, se abra el camino de la participación directa? Esta consulta no es un capricho del Gobierno, sino una forma de destrabar el debate democrático que el Congreso, en su mayoría, ha querido clausurar.
Por eso, respaldo sin titubeos la decisión del presidente. Porque frente a la cerrazón de algunos sectores del poder, él optó por abrirle la puerta a la voz del pueblo. Porque mientras otros apelan al miedo, él confía en la inteligencia democrática de los colombianos. Y porque, lejos de quebrantar la institucionalidad, su decisión la fortalece: someter el decreto a la Corte Constitucional es, precisamente, reconocer que el pueblo manda, pero dentro del marco que la Constitución traza.
Este no es un momento para el silencio ni para la ambigüedad. Es la hora de definir de qué lado estamos: si del lado de la exclusión o del lado de la participación; si del lado del privilegio o del lado de la justicia social. Yo lo tengo claro: estoy con el pueblo. Estoy con su derecho a decidir. Estoy con el presidente que no le teme a la democracia.
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